El Gobierno aspira a que las extradiciones de extranjeros que delinquen se resuelvan en dos meses. Hoy pueden demorar varios años.
“Cuenten conmigo para hablar con quien haya que hablar”. Mauricio Macri cerró una de las últimas reuniones de equipo comprometiéndose a interceder en persona con los mandatarios de los países que se rehúsen a avanzar en convenios de intercambio de información con la Argentina. Como dijo la semana pasada, el Presidente quiere poder “decirle a alguien que tiene antecedentes en su país que acá no es bienvenido”. Pero, mientras avanzan esas negociaciones, busca dar un golpe de efecto en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: ya tiene listo el decreto para endurecer la política migratoria y, al mismo tiempo, esta semana lanzará un sistema que fortalecerá los controles sobre los 12 millones de pasajeros que cada año llegan vía aérea.
Con el ejemplo del narco peruano Marco Antonio Estrada González, que luego de ocho años aún no puede ser extraditado, el jefe de Estado pidió analizar cambios en la Ley 25.871, de Migraciones; y en la 346, de Ciudadanía. “Queremos que el trámite para expulsar a un extranjero que cometió un delito o tenga antecedentes no demore más de dos meses”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
Según pudo saber este diario, el Presidente ya tiene el decreto listo y analiza oficializarlo esta semana. Desde el Gobierno, sin embargo, buscaron bajarle el tono y afirman que “se seguirá trabajando” -hoy hay una reunión prevista sobre el tema en Casa Rosada- y que podría demorar “unos días más”.
Entre el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas y el ministro de Justicia Germán Garavano pulieron el texto para evitar que prosperen las impugnaciones, como la que ya hizo por anticipado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Es una regresión para los derechos de las personas migrantes”, consideró en un comunicado el organismo presidido por el periodista ligado al kirchnerismo Horacio Verbitsky.
Desde el Gobierno rechazaron la acusación, dijeron que “sólo se ajustarán cuestiones para combatir al crimen que migra” y aseguraron que no cambiarán “nada en materia penal; y si así fuera se enviará al Congreso el proyecto”.
Fuente: Clarín.
