Se publicó hoy en el Boletín Oficial el denominado «Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados» con las firmas del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
El Gobierno oficializó hoy la ley ómnibus que establece el pago de los juicios a los jubilados y el blanqueo de capitales, un mes después de su sanción en el Congreso, donde fue votada por amplia mayoría tanto en Diputados como en el Senado.
Según datos oficiales, con la ley de pago a los jubilados -que Macri había anunciado en mayo- 2,4 millones de jubilados se beneficiarían, entre jubilados que tienen sentencia judicial firme, aquellos que iniciaron juicios aún en trámite y quienes nunca demandaron.
La norma también crea una pensión graciable a la vejez para mayores de 65 años, equivalente al 80% de la jubilación mínima, con cobertura del PAMI incluida.
Los acuerdos entre el Estado y los jubilados podrán celebrarse «en los casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado», a la vez que establece que los convenios «deberán ser homologados judicialmente, para lo cual se prescindirá de la citación de las partes», según la norma.
En tanto, se crea una Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para analizar los casos «no contemplados en los acuerdos transaccionales».
Otro de los puntos importantes del megaproyecto sancionado el mes pasado es la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, «que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto».
Para financiar los pagos a los jubilados, el Gobierno ahora dispondrá del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, cuyas acciones podrá vender. Este fue uno de los cuestionamientos que hizo la oposición, principalmente el Frente para la Victoria.
Blanqueo de Capitales
El Gobierno apuesta a que con los fondos obtenidos a través del blanqueo de capitales se financie el pago a los jubilados. Se preveer que el «sinceramiento fiscal» alcance a unos US$ 20.000 millones. El Estado recaudará el 5% del total. También se podrán regularizar las deudas de los principales impuestos nacionales hasta en 60 cuotas, con un 15% de descuento si se abona al contado.
