“Resulta insólito que en una economía inflacionaria como la de Argentina no se incluya en una fórmula de movilidad de jubilaciones y prestaciones sociales la cuestión central: un piso equivalente al aumento de la inflación”.
Quien lo dice es el economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, que considera que “el objetivo de la fórmula de movilidad por lo menos debe ser mantener el poder adquisitivo de los haberes, máxime cuando los jubilados perdieron un 23% en el periodo del Gobierno de Mauricio Macri y no han recuperado ese deterioro desde la asunción del nuevo gobierno”.
Lozano sostiene que los dos componentes que están en la formula en debate – evolución de los salarios y de la recaudación – “si bien pueden incorporarse, deben hacerlo a sabiendas de que deben ser revisados en su relación con el sistema y que además ninguno de ellos per se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados. Máxime cuando la propia fórmula establece que si los salarios crecen más que la recaudación esa mejora no va a los jubilados, y si la recaudación sube más que los salarios, tampoco se les traslada a los jubilados ese plus recaudatorio. Es más, en contextos de recesión y caída de la recaudación, los haberes jubilatorios perderían, al tiempo que su deterioro no haría mas que profundizar la recesión”.
Así las cosas, dice Lozano, “estamos frente a una fórmula que privilegia el sostenimiento de las cuentas fiscales antes que el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. La razón es simple. Está pensada en clave de FMI antes que en función de las necesidades que hoy exhiben la mayoría de nuestros jubilados. Es imprescindible corregir esta fórmula y estamos a tiempo. Hay que incorporar una cláusula que establezca un piso para los aumentos equivalente a la suba de los precios. Es decir, el resultado de la fórmula nunca podrá ser inferior al aumento de la inflación. A la vez, mientras los niveles inflacionarios sean los vigentes habría que mantener el sistema de actualización trimestral”.
La propuesta oficial propone otorgar los aumentos en marzo y septiembre, en base a la evolución de los salarios y recaudación. En marzo según la evolución de esas dos variables de julio a diciembre del año anterior y en septiembre según lo que pasó entre enero y junio de ese año.
“Para un sistema previsional que paga $ 18.129 como haber mínimo y un haber promedio de $ 22.929 frente a una canasta de bienes y servicios para la tercera edad que se ubicó en octubre en $ 49.614, es evidente que no se resuelve con la fórmula de movilidad. También es claro que el sistema está desfinanciado y que hay que discutir cómo se lo financia. Pero es evidente también que eso no lo resuelve la movilidad. La relación del haber con los salarios y la discusión sobre el financiamiento deben ser abordadas en profundidad en el marco de una profunda reforma previsional”.
fuente: https://www.clarin.com/
