Organizaciones de la sociedad civil y el Instituto Nacional contra la Discriminación insistieron en su reclamo de una Ley Nacional para que comiencen a cumplirse cabalmente las muy dispares 12 normas provinciales, de las cuales solo cuatro están reglamentadas. En nuestra provincia no existe una ley al respecto.
El tema volvió a quedar sobre el tapete cuando la modelo y activista Brenda Matos denunció hace dos semanas que no había conseguido una sola prenda de su talle durante una recorrida por un conocido shopping y reclamó poder “vestirse como se le antoja y no como pueda”.
Sharon Haywood, directora de Anybody Argentina, organización que trabaja por una sociedad que incluya la diversidad corporal, señaló a Télam que “las leyes no están funcionando”, a tal punto que “al 70% le cuesta encontrar ropa en su talles”, según datos de la última encuesta que realiza anualmente la entidad integrante de un movimiento internacional.
“Hoy hay 12 leyes provinciales y algunas municipales, y como todas son distintas, los fabricantes no pueden cumplir con una docena de normas al mismo tiempo. Cuando hablamos de una ley coherente nos referimos a una que aplique siempre, no importa donde vivas”, señaló Haywood, que desde Anybody Argentina desestimula la denuncia a los locales que no ofrecen variedad de talles por considerarla irrelevante.
El otro requisito de una normativa nacional es que sea “inclusiva” de todas las personas, porque muchas leyes provinciales hablan sólo de ropa femenina y otras, incluso, sólo de mujeres adolescentes, como la ley de la provincia de Buenos Aires.
“La ley de talles debe tener dos elementos: exigir un rango de entre 7 y 8 talles; y normalizar los talles para que un 44 -por ejemplo- tenga las mismas medidas en Buenos Aires, Río Negro o Catamarca”, dijo Haywood, que llevó su reclamo a la plataforma Change.org, donde la solicitud de una norma nacional ya recolectó más de 4 mil firmas.
Argentina estuvo cerca de tener una Ley de Talles nacional en 2013, cuando el Senado le dio media sanción al proyecto presentado por la senadora Roxana Latorre.
La iniciativa, que perdió estado parlamentario en agosto pasado, buscaba “garantizar la existencia de una serie normalizada de talles correspondientes a las medidas corporales de la población” especificadas a partir del primer “estudio antropométrico” que debía actualizarse cada 10 años.
Desde 2014, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está realizando el primer estudio de este tipo en el país, para lo cual adquirió un escáner corporal 3D que está relevando las medidas corporales de hombres y mujeres de entre 12 y 65 años en diferentes regiones (ver recuadro), cuyos resultados permitirán elaborar un sistema de talles acorde con los cuerpos promedio.
Las provincias que ya cuentan con una Ley de Talles son Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz, además de la Ciudad de Buenos Aires, pero solo en cuatro distritos -el porteño, el bonaerense, el santafesino y el rionegrino-, la normativa ya fue reglamentada.
Pero las leyes difieren no sólo en cuanto a los consumidores cuyos derechos protegen, sino también en la cantidad de talles exigidos, en el sistema de normas que toman como referencia y en quién recaen las exigencias (comerciantes o fabricantes, o ambos).
