Una jueza de San Isidro está acusada de pedirles a trabajadores sociales que identifiquen embarazadas de barrios carenciados para luego acelerar el proceso de adopción a familias adineradas.
La jueza en custión, quien fuera titular del Juzgado Nº 1 de Familia de San Isidro hasta hace unos pocos meses, se encuentra a un paso de la destitución después de haber sido denunciada por el Colegio de Abogados de la localidad del Norte bonaerense de enviar a trabajadores sociales a buscar mujeres embarazadas entre familias carenciadas, para luego acelerar el proceso de adopción de los niños a matrimonios acaudalados de diversos countries de la zona a cambio de pagos de importantes cantidades de dinero.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios sesionará mañana a las 10 para definir la suspensión definitiva de la letrada, que actualmente se encuentra apartada como titular del juzgado de familia. En caso de confirmarse la sanción definitiva, Velázquez quedaría a un paso de la destitución.
Además del apartamiento preventivo de sus funciones, la Corte Suprema de Justicia también licenció a la jueza de sus funciones de manera forzosa.
Velázquez se enfrenta a varias denuncias en su contra debido a irregularidades en el cumplimiento de sus funciones. La más preocupante está fundada en una orden emitida por la propia jueza al personal técnico de su juzgado. En el expediente de la causa, se indica que la jueza habría ofrecido una retribución económica a trabajadores sociales a su cargo, a cambio de que éstos visitaran barrios carenciados de la zona de Pilar para dar con mujeres que no puedieran sostener la manutención de un nuevo hijo, y dicha tarea sería asumida por familias de buen pasar económico que pagarían por esa tarea.
A principios de año, fue el propio senador Jorge D’Onofrio quien advirtió y sacó a la luz pública las sospechas de delito cometidos por la jueza: «En Pilar funcionaba una red que vendía adopciones (…) la jueza Alejandra Velázquez fue beneficiada a título oneroso al otorgar las adopciones«, afirmó el senador al Diario Hoy en marzo.
Y agregó: «Claramente acá había una red de trata porque esto también implica suspensión de identidades y abuso de una menor que, estando en una situación de vulnerabilidad, es tomada como una mercadería a la que se busca sacar provecho económico».
«La magistrada se vanagloriaba al señalar que les cambiaba la vida a esos pequeños. Lo que no decía es que la vida se la cambiaba ella misma, ya que cobraba por cada una de las adopciones«, completó el legislador.
Una fuente cercana al proceso indicó: «Se aprecia una alteración del sistema de preferencias por orden de tiempo y características en las fechas. También un cambio de registro de orden de chicos en situación de ser adoptados. Aparece gente que en muy pocos meses se llevó un bebé. Además, el caso de dos hermanas que se llevaron bebés para cada una con muy poco tiempo de diferencia. Por otra parte, se habla de regalos y dinero que llegaban al juzgado».
