El cuerpo aprobó la realización de una auditoría a los Juzgados y Tribunales Federales con competencia en materia penal de todo el país sobre las causas de corrupción que hayan sido iniciadas o tramitadas entre los años 1996 y 2016.
En el marco de una sesión plenaria, el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad la realización de una auditoría de relevamiento sobre los Juzgados y demás Tribunales Federales con competencia en materia penal de todo el país.
El Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación deberá relevar aquellas causas judiciales que hayan sido iniciadas o tramitadas entre los años 1996 y 2016, donde haya sido imputado un funcionario público nacional por los delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y XIII del título XI o en el título XIII del Código Penal.
En consecuencia, los auditores requerirán “el número total de causas iniciadas, con indicación de la cantidad anual respectiva y discriminadas por juzgado; recursos humanos con los que cuenta el tribunal, técnicos y tecnológicos afectados al trámite de las mismas; delito específico objeto de investigación; fecha de inicio de cada causa; fecha y modo de culminación; y plazo promedio de las causas culminadas, con el detalle correspondiente a cada juzgado”.
Respecto de aquellas que se encuentren en trámite en la actualidad, se relevará también el número total con el detalle correspondiente, el delito específico objeto de investigación y la fecha de inicio.
El expediente caratulado “Lipera Guillermo (Pte. Colegio de Abogados de la CABA) y otros s/presentación”, se inició a raíz de una presentación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de que “se audite a los Juzgados y Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en aquellas causas que tramiten acciones por corrupción contra la administración Pública Nacional” por considerar que «existe una excesiva dilación en el trámite de los procesos judiciales».
No es la primera vez que el Consejo de la Magistratura requiere una auditoría de este tipo. En 2011, los consejeros aprobaron la realización de una estadística actualizada de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad. A su vez, la Corte Suprema de Justicia requirió una auditoría de gestión sobre los juzgados nacionales del trabajo a fin de conocer su concreto estado de situación.
El consejero en representación de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli explicó que «el objetivo es reunir una cantidad de información para extraer conclusiones acerca del desempeño de la justicia federal en lo penal, sin inmiscuirse en los procesos en trámites o invadir la esfera de decisiones de los jueces”.
Por su parte, el consejero-juez Luis María Cabral manifestó que “en el fuero federal se desarrollan algunos temas que son fundamentales por el interés de la sociedad y de la comunidad jurídica”, y añadió: “La auditoría no se introduce en ningún tema puntual ni causa particular”.
“Por un lado, el relevamiento va ayudar al Consejo en la gestión judicial y, por otro, a los jueces para que puedan llevar adelante plenamente su función”, dijo Cabral.
En el mismo sentido, el consejero Ángel Rozas alegó que hay “dilaciones que no se justifican”, y consideró que “todo lo que ayude para el esclarecimiento de las distintas causas, debe ser bienvenido”.
Por último, el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, aseveró que “el Gobierno es consciente de que la sociedad está demandando un cambio en toda la Justicia”, pero aclaró que “se debe hacer con responsabilidad, mesura, seriedad y compromiso para que no se convierta en una caza de brujas”.
“El objetivo es determinar que jueces se han apartado de la ley. Seremos los primeros en pedir que esos magistrados sean elevados al Jurado de Enjuiciamiento”, concluyó Mahiques.
Más denuncias contra jueces federales
Al finalizarla reunión, los consejeros recibieron en privado a Zulema Yoma, quien solicitó nuevamente el juicio político contra el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo en el marco de la causa donde se investiga la muerte de su hijo, Carlos Menem junior.
Por otro parte, la Comisión de Disciplina y Acusación efectuó el sorteo de expedientes ingresados. En consecuencia, el consejero Luis María Cabral será el encargado de llevar adelante la denuncia realizada por el diputado Waldo Wolff contra el juez federal Daniel Rafecas por su actuación en la causa impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman. El consejero Gustavo Valdés instruirá el expediente iniciado por la diputada Carla Carrizo contra el magistrado federal por “demorar” la investigación contra el ex secretario de Obras Públicas, José López.
También se sorteó una denuncia por “presunto mal desempeño” contra el juez federal Ariel Lijo. Se trata del expediente 157/2016, cuyo consejero instructor será el representante del Poder Ejecutivo en el organismo, Juan Bautista Mahiques.
Fuente:Diario Judicial
