La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán confirmó recientemente la condena contra la Provincia de Tucumán y el exjuez Juan Francisco Pisa, declarando su responsabilidad por el femicidio de Paola Tacacho, la joven docente asesinada en 2020 por un exalumno que la había acosado durante años.
El fallo —dictado en la causa “Tacacho, Mariela Fernanda vs. Provincia de Tucumán y otros s/ Daños y perjuicios”— reconoce que tanto el Estado provincial como el exmagistrado incurrieron en graves omisiones que facilitaron el desenlace fatal.
Un caso atravesado por la desprotección institucional
Paola Tacacho, profesora de inglés, fue asesinada el 30 de octubre de 2020 en plena vía pública por Mauricio Parada Parejas, su exalumno, quien luego se quitó la vida. Desde el año 2016, la víctima había presentado más de trece denuncias por acoso, hostigamiento y amenazas, sin obtener una respuesta efectiva de las autoridades judiciales y policiales.
El tribunal destacó que las medidas de restricción dictadas en su favor fueron violadas en reiteradas oportunidades sin que se adoptaran mecanismos eficaces de protección, pese a los antecedentes y la evidencia del riesgo.
Responsabilidad del Estado y del exjuez Pisa
La demanda fue iniciada por Mariela Fernanda Tacacho, madre de la víctima, quien reclamó por las fallas estructurales y la inacción judicial que derivaron en el crimen.
El exjuez Juan Francisco Pisa, que había intervenido en una causa contra el agresor, fue señalado por negligencia y falta de perspectiva de género al haber sobreseído a Parada Parejas sin valorar el contexto de violencia y las reiteradas denuncias acumuladas.
La Cámara sostuvo que el Estado incurrió en una “falta de servicio”, mientras que el exmagistrado fue considerado responsable por “falta personal”, al haber actuado con impericia, dilación e inobservancia de los protocolos de género.
Un fallo con perspectiva de género
Los jueces subrayaron que el tratamiento del caso debía realizarse con enfoque de género, recordando que el sistema judicial tiene la obligación de brindar una respuesta reforzada frente a la violencia contra las mujeres.
El fallo enfatiza que decisiones de este tipo “no solo reparan el daño individual, sino que también envían un mensaje claro a la sociedad: la violencia de género no puede ser tolerada ni quedar impune”.
Indemnización para la familia
Finalmente, se ordenó al Estado provincial a abonar una indemnización económica a la madre de la víctima, en concepto de daño moral y lucro cesante, reconociendo el sufrimiento y las consecuencias derivadas de las omisiones estatales.