El Senado de Entre Ríos aprobó una reforma a la Ley 10.746 de Juicio por Jurados, limitando los casos en los que la participación ciudadana será obligatoria. El cambio, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, fue sancionado por mayoría y ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y dictámenes favorables de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Alcance de la modificación
La nueva normativa establece que los delitos con pena máxima superior a veinte años de prisión o reclusión deberán ser juzgados por jurados populares, junto con aquellos que resulten conexos en el mismo proceso.
En los supuestos de concurso de delitos, bastará con que uno de ellos supere ese límite de pena para que se active la obligatoriedad del juicio por jurados, el cual será irrenunciable.
La ley también introduce disposiciones sobre la remuneración de los jurados, la cobertura de gastos y la garantía de conservación del cargo para los ciudadanos que sean convocados como titulares o suplentes.
Posturas enfrentadas
Diversas organizaciones jurídicas y sociales expresaron su rechazo a la reforma, entre ellas el Instituto de Derecho Penal, Procesal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (IDP), la Asociación Pensamiento Penal (APP), la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (VIDAER).
Las entidades sostuvieron que la medida restringe la participación ciudadana en la administración de justicia penal, trasladando el control de las causas más graves “a un reducido número de jueces técnicos”.
También cuestionaron los fundamentos del proyecto, señalando que el argumento del “colapso judicial” carece de sustento, ya que el juicio por jurados representa apenas el 0,3% del presupuesto judicial provincial y, en promedio, se realiza menos de un juicio por semana en Entre Ríos.
Según un comunicado conjunto, “no existen razones presupuestarias ni logísticas que impidan ampliar el uso del sistema; por el contrario, hay propuestas viables para optimizar recursos y realizar más juicios con los mismos costos”.
Argumentos a favor de la reforma
Desde el oficialismo, el senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) defendió la iniciativa, argumentando que la modificación no vulnera garantías constitucionales y que se enmarca en las facultades propias de la provincia.
“Hay muchos entrerrianos que esperan el acceso a la justicia. Esta reforma busca priorizar esas demandas y dar respuestas concretas”, señaló el legislador, quien agregó que “la demora en los procesos también puede implicar una lesión de derechos”.
Un debate que continúa
La modificación, que reduce el universo de casos alcanzados por el sistema de jurados populares, reaviva la discusión sobre el modelo de participación ciudadana en la justicia penal y el equilibrio entre eficiencia judicial y democratización del proceso penal.