El Gobierno Nacional le aceptó la renuncia al juez federal Marcelo Bailaque, quien estaba al borde del jury y enfrenta una causa penal, con un pedido de prisión preventiva. Está imputado por prevaricato, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Marcelo Bailaque dejó su cargo al frente del Juzgado Federal N°4 de Rosario. El Poder Ejecutivo le aceptó la renuncia al ahora ex magistrado, tras ser imputado por diversos delitos funcionales, entre ellos, prevaricato, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario.
“Que el doctor Marcelo Martín BAILAQUE ha presentado su renuncia, a partir del 1° de julio de 2025, al cargo de JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE. Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL”, señala el Decreto 443/2025, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Con su dimisión, el juez federal evade el juicio político en su contra y podría jubilarse bajo el régimen especial, pero pierde automáticamente los fueros y quedó detenido con prisión domiciliaria por el “peligro de entorpecimiento de las investigaciones” por su rol dentro del Poder Judicial y la gravedad de las conductas que se le atribuyen en la investigación penal por conductas contrarias a derecho en causas que tramitó en su juzgado.
Bailaque también fue apuntado por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación por presuntamente “incurrir en causal de mal desempeño en sus funciones por haber obrado con falta de integridad, de transparencia, de imparcialidad, de probidad y de decoro”. El dictamen se encontraba a consideración del plenario, esto es, el paso previo para el inicio del jury.
La acusación más grave se remonta a mediados de agosto de 2024, cuando la diputada provincial Lionella Cattalini impulsó una denuncia ante el órgano. La legisladora sustentó su presentación diversas noticias periodísticas, que exponían una relación entre el líder de una organización dedicada al narcotráfico, Esteban Lindor Alvarado y el magistrado.
Esta misma acusación -entre otras- es también parte de la causa penal y se cuestiona a Bailaque por su rol en la tramitación de una causa por tráfico de estupefacientes contra el condenado narcotraficante. En dicho expediente, el Ministerio Público Fiscal detalló las omisiones del magistrado, y demoras, tales como rechazar intervenciones telefónicas sobre los investigados, medidas previas sobre la inhibición de sus bienes, rechazar la acumulación de una causa por asociación ilícita que tramitó una fiscalía provincial.
En su escrito, señaló que, entre 2013 y 2015, el juez Bailaque obstaculizó la investigación penal, al no autorizar medidas de prueba cruciales para investigar al referido Alvarado, en el ámbito de la Justicia Federal. En al menos tres oportunidades, según explicó, habría denegado requerimientos de intervención, impidiendo, a su juicio, el avance de una investigación. Sumado a ello, refirió que se encontraba comprobado que, mientras Gabriel Mizzau llevaba la contabilidad de empresas ligadas a Alvarado, también actuaba como contador personal de Bailaque.
Esta misma acusación -entre otras- es también parte de la causa penal y se cuestiona a Bailaque por su rol en la tramitación de una causa por tráfico de estupefacientes contra el condenado narcotraficante. En dicho expediente, el Ministerio Público Fiscal detalló las omisiones y demoras del magistrado, tales como rechazar intervenciones telefónicas sobre los investigados, medidas previas sobre la inhibición de sus bienes, rechazar la acumulación de una causa por asociación ilícita que tramitó una fiscalía provincial.