El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ha dado un paso significativo para paliar la histórica acumulación de vacantes en el Poder Judicial, elevando a la Legislatura los pliegos de siete candidatos para cubrir cargos sensibles. Esta decisión, la primera en más de un año, llega en un contexto de más de 70 vacantes y casi medio centenar de ternas acumuladas en despachos oficiales.
Entre los nombres propuestos por el Poder Ejecutivo, destacan dos figuras que participaron activamente en el riguroso Concurso N° 237, convocado para el cargo de Juez/a en lo Penal Especializado/a en Violencia contra la Mujer del Centro Judicial Capital: Sandra Marcela Acosta y Gabriela María Soledad Argañaraz.
Los Nuevos Nombres Propuestos: Las designaciones se enfocan en fueros de alta demanda social, como el Civil en lo Comercial Común y el de Familia y Sucesiones. Los candidatos propuestos por el gobernador Osvaldo Jaldo, con la firma también del ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, en ausencia del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, son:
• Ramón Agustín Vidal: Juez de primera instancia en lo Civil y Comercial Común de la VIª Nominación.
• Sandra Marcela Acosta: Jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial Común de la VIIª Nominación.
• Mabel Elizabeth Moreira: Jueza en lo Civil en Familia y Sucesiones.
• Luciana Eleas: Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común.
• Valeria Susana Castillo: Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común.
• Silvia Karina Lescano de Francesco: Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones.
• Gabriela María Soledad Argañaraz: Jueza subrogante de primera instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la Iª Nominación.
Un Proceso de Selección Riguroso y Transparente Las ternas de las que provienen estos nombres fueron elaboradas por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), presidido por el vocal de la Corte Daniel Posse, en mérito al desempeño de los postulantes en pruebas de oposición.
El Concurso N° 237, en el que participaron la Dra. Acosta y la Dra. Argañaraz, sirve como ejemplo del meticuloso proceso de selección. Este concurso, para Juez/a en lo Penal Especializado/a en Violencia contra la Mujer, se realizó de forma no presencial, remota o a distancia el 30 de septiembre de 2021, siguiendo el Protocolo aprobado por Acuerdo n° 246/2020 del 23/9/2020 del Consejo de la Magistratura.
El examen escrito contó con 26 postulantes que se presentaron, incluyendo a Sandra Marcela Acosta y Gabriela Marta Soledad Argañaraz. Para garantizar la equidad y seguridad del proceso, se implementaron varias medidas:
• Capacitación Previa: Se llevaron a cabo pruebas técnicas y simulaciones para que los concursantes se familiarizaran con la herramienta virtual (exam.net). Se brindó asistencia personalizada y préstamo de equipos a quienes lo solicitaron.
• Acreditación y Declaración Jurada: Los postulantes ingresaron a la sala de examen remoto a través de la plataforma Zoom. Se verificó su identidad con el DNI y se les solicitó una declaración jurada de que se encontraban solos en un ambiente tranquilo, sin dispositivos electrónicos adicionales, excepto el usado para la conexión y una cámara secundaria.
• Anonimato y Sorteo de Casos: Los participantes ingresaron a la plataforma exam.net con un ID único y aleatorio generado por SiGeCAM para mantener el anonimato de sus exámenes. Los casos a desarrollar se sortearon al azar entre seis opciones, con la participación de autoridades del Consejo.
• Etapas y Controles: La prueba se dividió en dos etapas de tres horas cada una, con un intermedio de 30 minutos. Durante el examen, se realizaron controles aleatorios a cada postulante en horarios sorteados secretamente de antemano.
• Resguardo y Evaluación: Una vez recibidos los exámenes, fueron descargados en formato PDF, firmados digitalmente y remitidos a los jurados para su evaluación. Para preservar el anonimato, los exámenes se identificaron con códigos únicos y no contenían datos que pudieran identificar a sus autores. La vinculación entre el código de la prueba y el ID del postulante se imprimió y resguardó en una caja fuerte hasta el momento de revelar las identidades, conforme al Protocolo y el RICAM (Reglamento Interno del Consejo Asesor de la Magistratura).
Contexto y Prioridades del Gobierno La decisión del gobernador Jaldo de enviar estos pliegos se enmarca en la necesidad de servicio y la situación financiera provincial. Anteriormente, Jaldo había afirmado que las coberturas no se harían por el número de vacantes, sino por la “necesidad de servicio” en cada lugar, priorizando juzgados con mayor sensibilidad como los de Familia. El gobernador indicó que la designación masiva de jueces implicaría una erogación presupuestaria considerable, estimada en $130 millones mensuales o $1.600 millones al año para 44 coberturas, lo que genera preocupación en un contexto de austeridad.
El presidente de la Corte, Daniel Leiva, había minimizado previamente la situación de emergencia, asegurando que el Poder Judicial estaba “funcionando sin mayores complicaciones”, aunque ahora el Ejecutivo ha comenzado a responder a la situación.
La Legislatura ahora tiene la tarea de aprobar estos pliegos, un paso crucial para que los nuevos jueces puedan asumir sus cargos y contribuir a descongestionar la Justicia en Tucumán.