El presidente Javier Milei ha oficializado el veto total de tres leyes clave (27.791, 27.792 y 27.793) que habían sido sancionadas por el Congreso el pasado 10 de julio. La decisión, formalizada mediante el Decreto 534/2025 y publicada en el Boletín Oficial, anula medidas que buscaban brindar un respiro a millones de argentinos: aumentos en las jubilaciones, la reincorporación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
¿Qué contenían las leyes vetadas? Las normativas rechazadas por el Ejecutivo contemplaban beneficios significativos para sectores vulnerables de la sociedad:
• Aumento de Jubilaciones: Se fijaba un aumento real del 7,2% para casi todos los haberes y pensiones, y un incremento del bono, que pasaría de $70.000 a $110.000, actualizable por inflación.
• Moratoria Previsional: Se planteaba la restitución por dos años de la moratoria, permitiendo a quienes no completaron 30 años de aportes comprar los saldos faltantes para acceder a la jubilación mínima.
• Emergencia en Discapacidad: Se declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026 (algunos informes sugieren 2027), creando una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y estableciendo actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. El objetivo era garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral.
Los Argumentos del Gobierno: Déficit Cero y Vicios Legislativos El Gobierno justificó el veto argumentando una falta de fuentes de financiamiento suficientes y “graves irregularidades” en el tratamiento legislativo. Según el Poder Ejecutivo, estas iniciativas implicarían un gasto adicional “exorbitante” de más de 7 billones de pesos en 2025 y casi 17 billones de pesos en 2026, lo que equivale a un aumento del gasto del 1,68% del PBI. El presidente Milei ha sido enfático en que la política de superávit fiscal es “permanente” e “innegociable”, y que cualquier ley que implique un aumento del gasto público es “fiscalmente inviable” y podría llevar al país a la “bancarrota”.
Además, se señaló que la sesión del 10 de julio en el Senado se realizó sin la citación previa correspondiente y que los proyectos se habilitaron con mayoría simple cuando se requerían dos tercios, debido a una “ilegítima interpretación del Reglamento”. El propio Milei tildó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de “traidora bruta” por habilitar la sesión.
Reacciones de la Oposición y la Sociedad: ¡Insistiremos! La decisión ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores de la oposición y en la sociedad civil:
• Críticas desde el Congreso: Senadores y diputados de Unión por la Patria y otros bloques de izquierda han calificado la medida de “miserable, cruel e hipócrita”, un “golpe cruel a los que más lo necesitan”, y un “desprecio por los sectores más vulnerables”. Dirigentes como Juan Grabois y Myriam Bregman lo tildaron de “inhumano” y de “mecanismo monárquico”.
• Movilización Popular: Jubilados, sindicatos (incluyendo gremios importantes como Camioneros y La Bancaria) y movimientos sociales han convocado a masivas movilizaciones frente al Congreso para repudiar el veto. Se han reportado represiones por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.
• Opinión Pública: Una encuesta reciente de Opina Argentina reveló que el 59% de los argentinos se opone al veto de la reforma de la fórmula jubilatoria, mostrando un “desgaste” en la imagen del presidente.
¿Qué sigue? La Batalla Parlamentaria y Judicial Para revertir el veto presidencial, el Congreso necesita reunir una mayoría especial de dos tercios de los votos en ambas cámaras. El oficialismo confía en tener los votos necesarios en la Cámara de Diputados para sostener la decisión, estimando superar los 80 votos negativos. El Gobierno ha estado negociando con gobernadores y bloques parlamentarios aliados, ofreciendo incentivos como la distribución de fondos del Tesoro Nacional (ATN).
Milei ha advertido que, incluso si el veto fuera rechazado en el Congreso, “lo vamos a judicializar”, buscando evitar cualquier erogación presupuestaria. Sin embargo, constitucionalistas advierten que es incierto si la Justicia podría frenar estas leyes.
La tensión política y social se intensifica, marcando un “pulso” entre el Ejecutivo y el Legislativo que definirá el destino de millones de jubilados y personas con discapacidad en Argentina.