El abandono de un bebé nacido por subrogación en Córdoba revela más que un hecho trágico: desnudo el vacío legal que deja a los niños desprotegidos y convierte a los adultos en actores sin responsabilidades claras. Prohibir la subrogación no soluciona nada; solo la regulación estricta y respetuosa de derechos garantiza protección, dignidad y seguridad jurídica para los más vulnerables.

El interés superior del niño no puede ser letra muerta en un contrato ni una frase decorativa en una resolución judicial. En este caso, quedó claro: identidad incierta, filiación quebrada, protección inexistente. El niño fue tratado como un “producto fallado”, la gestante como un instrumento y la comitente como un juez parcial de su propio deseo. Cada decisión ajena a la ley fue un golpe directo a la dignidad de quien menos puede defenderse: el menor.
Frente a este drama, algunos proponen prohibir la subrogación. Prohibir parece moralmente cómodo, pero es un espejismo. La prohibición no elimina la práctica: solo la empuje a la clandestinidad. Y en la clandestinidad los niños pierden derechos, las mujeres pierden autonomía y la justicia pierde relevancia. Prohibir es fácil. Regular es difícil. Pero lo difícil es lo que protege, lo que garantiza seguridad jurídica y respeto por la vida.
La falta de regulación no es un defecto técnico: es una falla moral y jurídica que pone en jaque el principio más básico: el interés superior del niño.
Regular significa trazar líneas claras: quién puede participar, bajo qué condiciones, con qué garantías médicas y psicológicas. Significa proteger a la mujer gestante, no explotarla; garantizar al niño identidad, filiación y cuidado; establecer responsabilidades precisas para comitentes e intermediarios; prever controles antes, durante y después del embarazo. Regular significa anticipar el conflicto y resolverlo antes de que el vacío legal deje las víctimas.
En Derecho de Familia, cada vacío legal se traduce en sufrimiento real. Este bebé estuvo a un paso de perder todo: su identidad, su derecho a una familia, su historia. La falta de regulación no es un defecto técnico: es una falla moral y jurídica que pone en jaque el principio más básico: el interés superior del niño.
El mensaje es contundente: prohibir es un ataque ilusorio. Regular es una obligación ética, una necesidad social y un mandato jurídico. El derecho no puede quedarse de observador. Debe actuar, con normas claras, protocolos efectivos y vigilancia constante. Solo así dejaremos de ver niños como “productos fallados” y empezaremos a verlos como lo que son: sujetos plenos de derechos, con nombre, historia y dignidad.
DIARIO JUDICIAL