La legislatura de nuestra provincia aprobó una ley que establece que las autoridades del Poder Judicial provincial y de los otros poderes del Estado y los policías deberán someterse a controles antridrogas, mediante análisis clínicos, realizados por el Siprosa. En el caso de los judiciales, la medida alcanza a los magistrados en todos sus niveles, funcionarios constitucionales, de ley y jueces de paz.
Entró en vigencia esta semana la Ley N° 8.850, que dispone la realización de exámenes antidrogas para los funcionarios jerárquicos de los tres poderes del Estado y del cuerpo policial. La medida, publicada en el Boletín Oficial del decreto N° 2.713/1, posee la forma del primer mandatario, Dr. Juan Manzur,
“El citado instrumento legal establece como requisito de permanencia en los niveles políticos y/o jerárquicos de la función pública, el carecer de adicciones a drogas ilegales (artículo 1° de la ley 8.850). Que, por su parte, el artículo 2° de la citada ley consigna los funcionarios alcanzados por el requisito y precisa que cada uno de los poderes del Estado designará al responsable de la aplicación de la misma”, relata el cuerpo del texto.
Sobre sus alcances, “la presente ley comprende: al Poder Ejecutivo, hasta el rango de Subsecretario y Comisionado Comunal; al Poder Legislativo, hasta el rango de Prosecretario; a los Gobiernos Municipales, hasta el rango de Subsecretario o Director; a los Concejos Deliberantes, hasta el nivel de Prosecretario; a los organismos autárquicos, centralizados y descentralizados hasta el nivel de Gerente, Secretario Administrativo, Director o equivalente, según corresponda; al Poder Judicial, incluyendo los Magistrados en todos sus niveles, Funcionarios Constitucionales, de ley y Jueces de Paz; al Personal Policial, en todas sus jerarquías”.
La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Pablo Yedlin, será la autoridad encargada de aplicar esta nueva ley a los integrantes del Poder Ejecutivo. Por otra parte, el Poder Legislativo y el Poder Judicial deberán establecer cómo aplicará la ley y cuál será la autoridad encargada de hacerlo.
Desde el Ejecutivo tucumano aclararon que se creará un registro con el listado de los funcionarios que deberán realizarse los exámenes y será el Siprosa el organismo encargado de realizar los análisis. «En caso de que alguna prueba resultara positiva, la autoridad pertinente de cada poder del Estado deberá separar del cargo al funcionario y darle la opción de que se someta a un tratamiento de recuperación», aclararon.
