El Gobierno de la Ciudad intentó reclamarle a una madre más de $108 millones por las falsas amenazas de bomba que su hijo adolescente hizo en 2016. Pero la Justicia porteña rechazó la demanda.
La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, integrada por los jueces Gabriela Seijas, Horacio Corti y Hugo Zuleta, confirmó la sentencia grado que rechazó la demanda iniciada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la madre de un adolescente, quien efectuó varias amenazas de bomba.
El Ejecutivo local reclamó $108.364,04 en concepto de indemnización por los salarios abonados a los docentes durante las 328 horas cátedra que no pudieron dictarse en los días de evacuación. Según la demanda, se trataba de un perjuicio económico directo ocasionado por la conducta ilícita del menor.
El joven -hijo de la demandada- realizó amenazas de bomba los días 14, 27 y 28 de abril de 2016, referidas a la Escuela Técnica 14 del barrio porteño de Barracas, lo que generó que no pudieron dictarse 328 horas cátedra de clases en dicho establecimiento educativo.
En este escenario, la Cámara porteño entendió que “la conducta atribuida al alumno que efectuó las llamadas no fue la razón de ser ni la causa eficaz del pago de los emolumentos de los agentes del Estado local, pues tales gastos se hubieran producido, de todas maneras, aun si no se hubiera interrumpido la actividad académica del establecimiento a raíz de los actos de intimidación”.
En primera instancia se rechazó el reclamo al considerar que el pago de los salarios de los agentes estatales se realiza con independencia de la prestación efectiva de clases, por lo que no se verificó un daño patrimonial derivado de los hechos. Esa decisión fue apelada por el GCBA.
En este escenario, la Cámara porteño entendió que “la conducta atribuida al alumno que efectuó las llamadas no fue la razón de ser ni la causa eficaz del pago de los emolumentos de los agentes del Estado local, pues tales gastos se hubieran producido, de todas maneras, aun si no se hubiera interrumpido la actividad académica del establecimiento a raíz de los actos de intimidación”.
“En tal sentido, no ha sido alegado ni menos probado que el GCBA realizará erogaciones adicionales con el fin de conjurar el peligro potencial y recuperar las clases perdidas por la falsa amenaza de explosivos en el lugar”, concluyó el Tribunal.