En los últimos meses, la situación de las pensiones no contributivas por invalidez ha estado bajo fuerte tensión. ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) realizó auditorías, suspendió pagos y bajó pensiones, lo que dejó a muchas personas en situación de vulnerabilidad.
Más de 80.000 pensiones fueron dadas de baja o suspendidas por ANDIS por diferentes motivos: inasistencia a revisiones médicas, incumplimiento de requisitos básicos, o irregularidades en la documentación. También se dieron de baja pensiones debido a que los beneficiarios habían fallecido, o habían renunciado al beneficio. En algunas casos, se detectaron documentos repetidos (una misma radiografía/ecocardiograma/etc. usada en múltiples trámites) como señal de supuestas irregularidades.
El gobierno decidió poner en pausa nuevas bajas de pensiones mientras se desarrolla una auditoría interna en ANDIS, tras una serie de denuncias de irregularidades, incluyendo acusaciones de corrupción ligadas al exdirector Diego Spagnuolo. También se revisan los casos ya dados de baja, para ver si hubo procedimientos defectuosos, notificaciones que no llegaron, exigencias de trámites imposibles para algunas personas por distancia, falta de medios, etc.
Irregularidades denunciadas frecuentes
Entre lo que más se repite en las denuncias y los fallos judiciales están estos problemas:
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Notificaciones que no llegan: cartas documento, telegramas u otros avisos no entregados o entregados tarde.
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Exigencias desproporcionadas: traslados largos, horarios complicados, plazos breves para acercar documentación médica actualizada, historias clínicas, certificados que pueden no estar al día.
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Criterios médicos poco claros o variables: auditorías con metodologías cuestionadas.
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Falta de derecho a defensa: no se da una segunda instancia para presentar la documentación, no hay claridad en los motivos de la suspensión, etc. Los fallos destacan que estas situaciones vulneran derechos básicos.
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¿Qué derechos se vulneran y qué dicen los fallos?
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Derecho a una vida digna: cuando te quitan sin aviso un ingreso necesario para medicamentos, alimentación u otros gastos básicos. Los fallos hacen hincapié en esto.
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Derecho a la defensa: notificaciones debidas, plazos justos, permitir presentar documentación, revisiones médicas que sean accesibles.
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Derecho al debido proceso y transparencia: que existan normas claras sobre cómo se hacen las auditorías, criterios conocidos, que no dependan del azar o de errores administrativos.
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Principio de igualdad: que las personas más vulnerables no queden excluidas por causas ajenas (por ejemplo, no poder trasladarse, falta de aviso) y que se respete su situación particular.
En Formosa, la Justicia ordenó que se restituyeran unas 16.000 pensiones por invalidez que ANDIS había suspendido. La suspensión había sido dispuesta tras auditorías, el fallo fue emitido por el Juzgado Federal Nº 2 de Formosa, y ratificado en segunda instancia y se dio un plazo de 90 días para que los beneficiarios completen evaluaciones o trámites que se habían exigido. En Catamarca, el Juzgado Federal Nº 2 dictó una medida que obliga a ANDIS a restablecer inmediatamente todas las pensiones por discapacidad que se habían suspendido, pagando los haberes retenidos. Se suspendieron también nuevas auditorías hasta que avance la causa. La demanda fue presentada por la Defensoría del Pueblo de Catamarca y beneficiarios particulares. Entre los argumentos: auditorías médicas con criterios que denunciaron como irregulares, notificaciones deficientes o inexistentes, exigencias de traslados excesivos, documentación de difícil acceso.
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