En vísperas del inicio del ciclo lectivo, el Gobierno Nacional aceleró la presentación de una nueva Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados. La iniciativa busca desactivar el conflicto judicial tras el veto del año pasado y ya cuenta con el “visto bueno” inicial de varios rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Para la comunidad de la UNT, el proyecto trae puntos clave pero también interrogantes:
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Presupuesto de Funcionamiento: Se establece una actualización automática si la inflación anual supera el 14,5%. Además, se prevé una partida especial de $80.000 millones para el sistema de salud universitario (hospitales).
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La encrucijada salarial: El proyecto propone aumentos del 4,1% en marzo, julio y septiembre de 2026. Sin embargo, no reconoce la pérdida salarial de 2024, un punto que genera fuerte rechazo en los gremios docentes locales.
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Previsibilidad vs. Ajuste: Mientras el Rectorado busca garantizar los fondos para el funcionamiento básico y las obras, desde los sectores gremiales ya advierten que la propuesta queda por debajo de la inflación acumulada, lo que podría derivar en medidas de fuerza al inicio de las clases en las facultades y escuelas preuniversitarias de la UNT.
Con este movimiento, el oficialismo intenta “partir” el frente universitario, logrando el apoyo institucional de los rectores a cambio de previsibilidad presupuestaria, aunque dejando abierta la paritaria con los trabajadores.