La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dictó una resolución relevante en materia de bienestar animal al autorizar la castración urgente de “Chuchu”, una perra dachshund que había sido rescatada durante un procedimiento judicial. La intervención quirúrgica fue considerada necesaria para preservar su salud y evitar complicaciones potencialmente fatales.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.° 4, a cargo de la jueza Rocío López Di Muro, luego del pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal y por la ONG “Callejeros Casa Quiere Asociación Civil”, entidad que recibió al animal en calidad de depositaria judicial tras el operativo.
🩺 Un cuadro clínico que exigía acción inmediata
Al ser examinada por profesionales veterinarios, se detectó que la perra presentaba comportamientos anómalos y signos físicos compatibles con alteraciones hormonales severas:
- conducta de monta frente a otras hembras,
- lamido compulsivo de la zona genital,
- lesiones por irritación,
- inflamación mamaria y enrojecimiento,
- riesgo inminente de desarrollar piómetra, una infección uterina que puede resultar mortal.
Los expertos del caso, así como la Dirección General de Canes y Felinos Domésticos del GCABA, coincidieron en que la intervención quirúrgica debía realizarse de manera urgente para resguardar la vida del animal. Además, recomendaron aprovechar la cirugía para efectuar una limpieza dental profunda debido al deterioro avanzado de sus piezas dentarias.
⚖️ Los animales como sujetos de derecho
En la resolución, la magistrada hizo especial hincapié en la evolución del derecho animal y sostuvo que los animales rescatados durante una investigación penal no pueden ser tratados como simples “objetos” o bienes secuestrados.
López Di Muro afirmó que deben ser considerados “sujetos de derecho no humanos”, con una protección amplia que impone deberes concretos a quienes intervienen en el proceso judicial.
Según la jueza:
“Restablecer y efectivizar los derechos de los animales exige la participación de los operadores judiciales, quienes debemos garantizar su dignidad y bienestar, especialmente cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”.
🐾 Rol de la organización rescatista
Como la ONG “Callejeros Casa Quiere” no solo había recibido a Chuchu como depositaria judicial, sino que también se constituyó como querellante y solicitó expresamente la autorización, la jueza dispuso que sea la propia organización la encargada de gestionar y materializar la cirugía.
La intervención —señaló la sentencia— deberá ser realizada por un profesional veterinario matriculado y autorizado para tales procedimientos, garantizando condiciones adecuadas de higiene, anestesia y cuidados posoperatorios.
📌 Una resolución con impacto en la protección animal
En su decisión, la jueza ponderó especialmente los informes de los veterinarios intervinientes y de los organismos estatales especializados, concluyendo que la omisión del tratamiento adecuado pondría en riesgo serio la salud e incluso la vida del animal.
Con esta medida, el tribunal porteño ratifica la tendencia jurisprudencial que reconoce a los animales como seres sintientes y titulares de derechos, imponiendo a las instituciones del Estado un deber activo de protección cuando se encuentran comprometidos su integridad o su bienestar.