Un nuevo proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina con el objetivo de establecer un marco jurídico específico para las compras realizadas a través de plataformas de comercio electrónico extranjeras —como Shein, Temu y otras que venden directamente al consumidor argentino sin presencia física en el país—. La iniciativa apunta a equilibrar la competencia con la industria nacional y a fortalecer la fiscalización del comercio digital transfronterizo.
El proyecto, denominado “Regulación del Comercio Digital Extranjero”, lleva las firmas de los diputados Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot, y está compuesto por seis artículos acompañados de un extenso fundamento técnico y económico. Su motivación central es la proliferación de compras vía courier que —según argumentan los autores— ingresan al país sin cumplir las normas tributarias, aduaneras y de certificación aplicables a los comerciantes locales.
🔹 Competencia desigual y defensa de la industria nacional
En la fundamentación, los legisladores sostienen que las plataformas extranjeras han generado un escenario de competencia desleal frente a empresas argentinas que invierten en maquinaria, generan empleo formal y cumplen obligaciones impositivas y regulatorias. Sostienen que muchos productos ingresan sin control adecuado y “a precios artificialmente bajos”, situación que —a su entender— justifica una intervención estatal basada en principios de antidumping y defensa comercial.
El texto indica que regular el comercio digital internacional no constituye un cierre económico, sino una “política económica responsable” orientada a proteger la industria local, fomentar el empleo y garantizar que la economía digital crezca en condiciones de equidad.
🔹 Registro obligatorio de plataformas
Uno de los pilares del proyecto es la creación del Registro Nacional de Comercio Digital Extranjero. Según el artículo 2°, toda plataforma extranjera —o su representante en el país— deberá inscribirse obligatoriamente para poder operar.
La medida tiene efectos inmediatos:
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Sin inscripción, no podrán cursarse pagos, y
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no podrán despacharse envíos a través de courier o correo postal.
El objetivo es asegurar trazabilidad, identificar responsables y permitir que el Estado fiscalice el cumplimiento de normas impositivas y de seguridad del producto, alineándose con reformas adoptadas en otros países como Uruguay y Francia.
🔹 Responsabilidad solidaria y obligaciones impositivas
El proyecto introduce un criterio fuerte: la responsabilidad solidaria de las plataformas por tributos, aranceles y certificaciones cuando intermedien ventas hacia consumidores argentinos sin que exista un proveedor local registrado. Esto amplía significativamente el alcance del control estatal sobre operadores que actualmente no tienen presencia efectiva en el país.
🔹 Nuevo arancel del 30% para compras vía courier
La propuesta incorpora un arancel aduanero del 30% para todas las compras realizadas mediante el régimen courier, sin importar su valor declarado. Se calculará sobre el valor CIF de la mercadería, sin perjuicio de impuestos internos, tasas o contribuciones adicionales.
El proyecto elimina expresamente exenciones, mínimos imponibles, reducciones o tratamientos preferenciales, lo que implica un cambio sustancial respecto del régimen actual de envíos de bajo valor.
🔹 Una única excepción anual
Se prevé únicamente una excepción acotada:
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Una compra anual por persona física o jurídica,
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hasta un máximo de USD 100,
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exenta del arancel del 30%.
Más allá de esa operación anual, todas las adquisiciones quedarían alcanzadas por la nueva carga tributaria.
🔹 Una estrategia de “defensa nacional” en clave económica
En la exposición de motivos, los autores enfatizan que la regulación del comercio internacional debe entenderse como una herramienta esencial de defensa nacional, destinada a proteger la producción local frente a condiciones globales asimétricas. Sostienen que el crecimiento de plataformas extranjeras sin controles adecuados erosiona la competitividad de la industria argentina y perjudica la recaudación fiscal.
El proyecto, ahora en estudio dentro de las comisiones correspondientes, anticipa un debate de alto impacto político y económico, especialmente entre consumidores, empresas locales y actores internacionales del comercio digital.