⚖️ El sistema de justicia enfrenta un desafío central: lograr que los procesos judiciales se resuelvan en plazos razonables. Porque una sentencia favorable que llega después de años de litigio puede perder gran parte de su utilidad para quien reclama.
En este contexto, la Resolución 515/2026 del Ministerio de Justicia creó una comisión para elaborar un anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, vigente desde 1967.
La discusión no pasa solamente por modernizar las normas, sino también por establecer mecanismos concretos para reducir las demoras.
¿Cuáles son las propuestas principales?
1. Plazos judiciales con mecanismos de control
Una de las ideas es establecer plazos máximos para resolver los procesos y etapas específicas, con prórrogas excepcionales debidamente fundamentadas.
El objetivo es que los vencimientos no sean meras referencias formales, sino que activen alertas, controles y medidas de gestión cuando se producen demoras injustificadas.
2. Información pública sobre la duración de los juicios
Otra propuesta consiste en publicar indicadores de desempeño por juzgado: cuánto duran los procesos, cuántas causas se resuelven, cuántos expedientes acumulan demoras y qué porcentaje de audiencias se realiza en la fecha prevista.
La información debería contemplar también la carga de trabajo, las vacantes y los recursos disponibles, para distinguir los problemas de gestión de las dificultades estructurales.
3. Oralidad efectiva y mayor intervención judicial
La reforma también plantea fortalecer las audiencias preliminares y de producción de prueba, con participación efectiva del juez, concentración de las actuaciones y registros audiovisuales.
A esto se sumaría la digitalización integral de los expedientes y la automatización de las notificaciones, herramientas que pueden contribuir a reducir tiempos y trámites innecesarios.
¿La Argentina ya tiene experiencias para evaluar?
Sí. Las experiencias de oralidad implementadas en distintos fueros civiles y comerciales registraron reducciones en la duración de los procesos y resultados favorables en materia de conciliación.
Estos antecedentes muestran que la rapidez no depende exclusivamente de modificar un código: también requiere organización, seguimiento de los plazos, recursos suficientes y una gestión judicial eficiente.
¿Por qué importa esta reforma?
La duración razonable de los procesos está vinculada con la tutela judicial efectiva. Para una persona o una empresa, una demora excesiva puede comprometer derechos, agravar un perjuicio económico o dificultar el cumplimiento de una sentencia.
La reforma propuesta abre una discusión importante: cómo conseguir que la modernización procesal se traduzca en respuestas judiciales oportunas, sin sacrificar el debido proceso ni las garantías de las partes.
La justicia no solo debe reconocer derechos: debe hacerlo a tiempo.
Importante: las medidas mencionadas son propuestas de reforma, no reglas que ya se encuentren vigentes por el solo hecho de integrar el debate.
ESTUDIO JURÍDICO PARAJON Y ASOCIADOS
Derecho procesal | Litigios civiles y comerciales
Fuente: Diario Judicial — 16/10/2026.
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