La inteligencia artificial comienza a incorporarse a tareas concretas del ámbito jurídico. En los procesos concursales, donde la sindicatura debe analizar numerosos documentos dentro de plazos legales, estas herramientas pueden facilitar la organización y el cotejo de la información.
Pero hay una distinción fundamental: la IA puede ayudar a preparar el análisis; la responsabilidad de evaluar y fundamentar cada crédito sigue siendo del profesional.
¿En qué puede ayudar la inteligencia artificial?
En los procesos con gran cantidad de acreedores, una parte importante del trabajo consiste en leer pedidos de verificación, localizar facturas, identificar comprobantes, comparar importes y revisar documentación respaldatoria.
Una herramienta de IA puede colaborar en tareas como:
- Extraer datos de facturas, remitos, transferencias y notas de crédito.
- Detectar posibles coincidencias entre acreedores, incluso cuando sus denominaciones presentan diferencias.
- Señalar discrepancias entre montos reclamados y documentación disponible.
- Organizar los legajos y facilitar la identificación de las fuentes documentales.
- Detectar cuestiones que requieren una revisión más profunda.
Estas funciones permiten reducir tareas repetitivas y destinar más tiempo al análisis sustancial de cada solicitud.
Lo que no debe delegarse
Encontrar documentos coincidentes no significa demostrar que corresponden a la misma operación. Una transferencia puede representar un pago, un anticipo o una operación diferente. Del mismo modo, identificar una factura no acredita por sí solo que el saldo reclamado sea correcto.
Por eso, la información extraída debe poder contrastarse con su fuente y las diferencias deben quedar sujetas a revisión.
La herramienta puede señalar una posible relación entre documentos, pero no debe completar automáticamente aquello que no está acreditado.
¿Qué exige la Ley de Concursos y Quiebras?
Los artículos 33 y 35 de la Ley 24.522 establecen exigencias centrales para la actuación de la sindicatura: realizar las compulsas necesarias y presentar informes individuales con una opinión fundada sobre cada crédito.
A su vez, los artículos 252 y 258 regulan aspectos vinculados con la actuación personal y las funciones del síndico.
La incorporación de nuevas tecnologías no elimina esas obligaciones. El profesional debe poder explicar qué documentación examinó, qué comprobaciones realizó y cuáles son los fundamentos de su opinión sobre la existencia, el monto y el privilegio del crédito.
La verdadera utilidad de la IA en el ámbito jurídico
El objetivo no debería ser producir informes automáticamente, sino mejorar las condiciones en las que se realiza el análisis profesional.
Menos tiempo en transcribir y ordenar documentos puede significar más tiempo para cotejar pruebas, detectar inconsistencias y fundamentar conclusiones.
La tecnología aporta valor cuando mejora el control y la trazabilidad de la información, no cuando sustituye la verificación.
La inteligencia artificial puede asistir al profesional, pero no reemplaza su criterio, su responsabilidad ni la necesidad de fundamentar jurídicamente cada decisión.
ESTUDIO JURÍDICO PARAJON Y ASOCIADOS
Derecho Concursal | Innovación Jurídica | Inteligencia Artificial aplicada al Derecho
Fuente: Diario Judicial — 26/10/2026.
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