El Gobierno de Mendoza presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone una reestructuración profunda del procedimiento de flagrancia, con el objetivo de acelerar la tramitación de delitos de baja complejidad y optimizar la respuesta estatal en situaciones donde la prueba es inmediata.
La iniciativa —elaborada por el Ministerio de Seguridad y Justicia— sostiene que el régimen actual, si bien supuso un avance desde su incorporación, muestra fallas operativas que dificultan su aplicación diaria. En los fundamentos, el Ejecutivo advierte que la experiencia recogida en los últimos años revela “vacíos y desajustes que generan demoras innecesarias y resultados opuestos al espíritu para el cual fue creado el instituto”.
⚖️ Celeridad, eficacia y evidencia inmediata
El proyecto subraya que la sociedad demanda un sistema penal capaz de actuar con rapidez en los casos donde el imputado es sorprendido en plena comisión del delito. Para ello, se pretende robustecer el esquema de flagrancia, combinando celeridad en la intervención judicial con decisiones fundadas en pruebas suficientes, evitando procesos extensos por hechos simples.
Uno de los puntos relevantes de la propuesta es la redefinición de los tiempos procesales. El texto fija nuevos límites para que el Ministerio Público Fiscal solicite la audiencia inicial luego de la aprehensión o imputación, con facultades para extender ese lapso únicamente cuando resulte indispensable producir diligencias básicas de comprobación.
🏛️ Especialización dentro del Ministerio Público Fiscal
La reforma también apunta a reorganizar la estructura interna del Ministerio Público. La Procuración General deberá conformar equipos especializados de dedicación exclusiva para el manejo, litigio y apoyo técnico de las causas de flagrancia. Según el Ejecutivo, esta división permitirá mejorar la reacción institucional y evitar que expedientes de menor complejidad generen cuellos de botella.
De acuerdo con la propuesta, esta reorganización busca que cada legajo avance dentro de “tiempos razonables”, asegurando intervenciones rápidas, homogéneas y técnicamente sólidas.
🕒 Ajustes en los plazos y audiencias
El proyecto ordena el procedimiento en etapas claramente diferenciadas, incluyendo una audiencia de finalización que debe celebrarse dentro de un plazo reducido y con sentencia dictada en el mismo acto, salvo supuestos excepcionales. Esta estructura pretende evitar dilaciones y garantizar una conclusión rápida.
Asimismo, la Suprema Corte provincial y los organismos de gestión judicial deberán adecuar turnos y protocolos de trabajo para permitir el cumplimiento real y uniforme de los plazos en todo el territorio mendocino.
Desde el Ejecutivo aclararon que los procesos que correspondan a juicio por jurado quedarán excluidos del trámite de flagrancia, manteniendo su régimen especial.